Aplaudimos la semana anterior el fallo emanado del Poder Judicial sobre la constitucionalidad del convenio de creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).

La sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional fue comunicada en un momento pertinente. Había tomado un tinte peligroso el conjunto de voces que alertaban sobre una trama para hacer desaparecer el órgano nacido al amparo de la OEA.

Pero se vuelve necesario aclarar aspectos que son consustanciales con lo que ordena la resolución del máximo tribunal de justicia y que restringen el terreno de actuación de la MACCIH y de su brazo de apoyo, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

El Consejo Nacional Anticorrupción y órganos de la sociedad civil que propugnan por una reforma de la justicia hondureña, así como el mismo ex vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, tienen la certeza de que la lucha contra la deshonestidad ha quedado coja.

De acuerdo con su análisis, se ha salvado la norma y la doctrina, pero se ha limitado el ámbito de competencias de la Misión de la Organización de Estados Americanos y de la UFECIC.

Y es que el fallo obliga al Fiscal General a adecuar la norma de creación y atribuciones de la unidad especial del Ministerio Público, lo que -en la práctica- se reflejaría en una disminución de las posibilidades de incidencia y mandato de la MACCIH.

Luego de evaluar entre líneas el fallo del Poder Judicial, los expertos en jurisprudencia concluyen que la Misión que acompaña la lucha contra la podredumbre moral ya no podrá referirse a hechos o casos concretos de corrupción sometidos a la justicia; tampoco criticar resoluciones judiciales.

¿Hasta dónde la sentencia le quita las armas a la MACCIH y a la UFECIC para llevar adelante la batalla contra la deshonestidad en nuestro país?

Porque estaríamos frente a un fracaso institucional si son ciertas y tienen fundamento las sospechas de que han sido maniatadas las acciones de persecución y castigo de la corrupción.

Todos estos cabos sueltos tendrían que ser expuestos con llaneza y claridad, a las puertas de la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, a quienes les tocará completar y fortalecer la obra de adecentamiento iniciada en nombre de la población hondureña.

Los corruptos y los miembros del hampa en general, deben recibir los golpes de la justicia, ser perseguidos y presentados para su enjuiciamiento, sin importar las zancadillas colocadas por estos grupos en su defensa.

Una cruzada sin armas contra la corrupción no es concebible. La arquitectura jurídico-penal debe ser fortalecida frente a la embestida de los deshonestos.

Lo demás será sólo una mascarada frente a la exigencia de los hondureños con sed y hambre de justicia, equidad, transparencia, auditoría, fiscalización y rendición de cuentas.

 

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