En diversos sectores ha surgido una preocupación que tiene sustento. Y es que el proceso de selección del nuevo fiscal general y su adjunto no sea contaminado por intereses extraños y peligrosos, sino gobernado por la transparencia.

En las próximas horas concluye el tiempo acordado para la recepción de quejas y acusaciones contra los nominados a las plazas de más alto rango en el Ministerio Público y, seguidamente, serán programadas las audiencias públicas en las que serán calificadas sus competencias.

Éste será el paso anterior a la etapa definitiva en la que sea cerrada la valoración de los créditos de los candidatos y enviada la nómina que será sometida a los cabildeos legislativos con vistas a nombrar al nuevo fiscal y a su segundo.

Como se sabe, son 25 los profesionales de las Ciencias Jurídicas y Sociales que han pasado el primer filtro de la Junta de Proponentes, la instancia encargada de elevar al Congreso una lista final de cinco aspirantes a dirigir el Ministerio Público.

Quedaron fuera del proceso, el actual titular del Ministerio Público, Oscar Chinchilla, y la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales. El primero no respondió la propuesta en el tiempo estipulado y, en el caso de la segunda, no fueron presentados los documentos que eran requeridos para formalizar su postulación.

Algunos organismos de la sociedad civil han demandado que todo el proceso sea “blindado”, con el fin de evitar que las agrupaciones de corruptos y las redes delictivas intenten penetrar sus tentáculos en la institución que ejerce la acción penal; o bien, que los políticos realicen sus malabares acostumbrados.

Intérpretes de la realidad nacional, consideran que la elección del nuevo fiscal puede ser “más de lo mismo” si no hay voluntad política para combatir la impunidad, porque -a su juicio- “el sistema ya está diseñado para proteger a quienes se encuentran en el poder”.

¿Son los corruptos una amenaza para la elección de un fiscal íntegro, valiente y con independencia para darle continuidad a la lucha contra la impunidad y el crimen organizado, en defensa del pueblo?

Los empresarios se han manifestado a favor de que la designación de un nuevo fiscal responda a un proceso limpio, de manera tal que Honduras envíe un mensaje respecto al camino que ha de ser marcado para el combate a la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico.

En segmentos de la oposición prevalecen las dudas en torno a si las fuerzas que promueven la inmoralidad pública y la burla a las leyes, se han preparado para tal evento, lo que quiere decir que la propuesta de candidaturas se haga en una forma controlada a través de la Junta Proponente.

De acuerdo con la valoración de los críticos, la nómina de aspirantes será elaborada a la medida de los sectores interesados y en correspondencia con aquellos postulados afines a ellos y defensores de sus causas.

Seguramente la etapa de deliberación en el Poder Legislativo será polémica en sumo grado, puesto que en dicho seno chocarán las propuestas de las diferentes fuerzas políticas.

Históricamente el nombramiento de los cargos cimeros del Ministerio Público ha sido traumático. El último episodio ocurrió en 2013, cuando el entonces fiscal general, Luis Alberto Rubí, y su subalterno, Roy David Urtecho, fueron separados luego de un emplazamiento por parte del Congreso Nacional que dejó al desnudo su penoso desempeño, sobre todo en materia de investigación, tráfico de influencias y otros vicios.

Para agosto de 2013, el proceso de calificación había concluido luego de una fase complicada, saturada de acusaciones y descrédito en que se vieron envueltos los miembros de la Junta de Proponentes y los candidatos que habían quedado fuera de concurso.

Como se sabe, los acalorados cabildeos terminaron con la elección de Oscar Chinchilla en el cargo de fiscal general y de Rigoberto Cuéllar, en la responsabilidad de fiscal adjunto.

Otra vez están en juego los intereses del pueblo. Se ha avanzado en la transformación del Ministerio Público; no obstante, está en juego la continuidad de la lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen organizado, con el fin de consolidar el ejercicio pleno de la acción pública.

 

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