Está en el letargo la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), condición ésta que es catalogada como preocupante por organismos de incidencia interna y de actuación externa.

En una de sus más recientes comunicaciones a través de redes sociales, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Heide Fulton, escribió: “Nos preocupa la falta de progreso en el nombramiento del nuevo vocero para la MACCIH. Instamos a que esta posición se ocupe rápidamente para que la Misión pueda dedicarse de lleno a la lucha vital contra la corrupción”.

En la segunda quincena del mes anterior, el Gobierno se pronunció acerca de la propuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que fuese designado en Honduras el jurista brasileño, Luiz Antonio Marrey.

El comunicado oficial indica: “No fue sino hasta el 10 de abril de 2018 que se tuvo conocimiento de la gestión diplomática por medio de nota de la Oficina de la OEA en Honduras”.

Aclara el escrito: “El Estado de Honduras actuará conforme a las disposiciones aplicables establecidas en el artículo 4 de la Convención de Viena de 1961 y en el artículo 10 del Convenio entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría de la Organización de Estados Americanos para el Establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad.

La Convención de Viena reza: “El Estado receptor no está obligado a expresar al acreditante los motivos de su negativa a otorgar su asentimiento”.

Y el Convenio entre Honduras y la OEA señala: “El vocero de la MACCIH deberá contar con la previa aceptación del Gobierno y será debidamente acreditado ante las autoridades del Gobierno por el Secretario General, todo lo cual se hace de conocimiento general para fines de constancia histórica”.

Las áreas de trabajo de la MACCIH se concentran en la supervisión y colaboración activa en la investigación de casos de corrupción y apoyo a la elaboración de un plan nacional para ejecutar el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESISIC).

El acuerdo de constitución le otorga al organismo de la OEA atribuciones para acompañar la aprobación de reformas al sistema penal y la revisión de la autonomía de los operadores de justicia.

La MACCIH desfallece. Cabe preguntar si todavía queda tiempo para levantar de su letargo al organismo y evitar que las redes de la corrupción se impongan en desmedro de la batalla por la transparencia y la rendición de cuentas.

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