Además de que somos un país enteramente importador de combustibles, Honduras tiene el punto débil de no contar con una política energética.

Esta condición hace que estemos a expensas de los precios internacionales, de los caprichos delos productores y exportadores, de los eventos geopolíticos del exterior. Esto es así, no hay cambio.

Nuevamente nos balanceamos sobre la cuerda. Y todo, porque los precios de referencia alcanzaron la semana que recién finalizó unos máximos que no se habían presentado en los últimos tres años.

En dicho entorno de nerviosismo, se contempla la aprobación de un esquema de estabilización en el costo de los energéticos por un tiempo prudente, tal y como ocurrió a finales de año pasado.

Una disposición de tal corte genera ciertas reservas, si hemos de sopesar que es de efectos de corto plazo y, encima, una medida aislada de una política de manejo del mercado de combustibles.

Ha sido más que probada nuestra minusvalía en esta asignatura. Es que nos hemos reducido a esperar qué ocurre en el exterior y qué movimientos dan los países exportadores para reaccionar y acomodarnos a la deriva.

Nuestros esfuerzos, si es que pueden entrar dentro de tal calificación, han consistido en elaborar una lista de medidas simples de ahorro y demanda racional de los refinados del crudo.

Al cabo, son providencias que -por costumbre- han sido puestas en vigencia y luego abandonadas. Los resultados están a la vista: La importación de los principales energéticos se ha elevado anualmente en un diez por ciento y el consumo se ha mantenido entre medio millón y siete millones de barriles anuales, en el caso de la gasolina superior y del diésel.

El parque vehicular sigue creciendo de manera indiscriminada y en proporción con la demanda en alza del diesel, de la gasolina superior y de la regular.

Es un círculo vicioso del que no hemos podido salir. Ha sido un tema que nada más ha llamado la atención y causado impacto cuando hay sacudidas en el conflictivo y volátil mercado externo del crudo.

Lo que se requiere es la implantación de una política integral adecuada a las condiciones de un país enteramente consumidor de derivados del crudo y, por lo mismo, obligado a aligerar el peso de su factura petrolera.

Es imperativo que revisemos y pongamos en vigor un plan estratégico energético que incluya los componentes del consumo racional, justicia en la aplicación de impuestos sobre la comercialización de los carburantes, relación equilibrada entre los agentes de la industria y administración ordenada de los recursosde la factura petrolera.

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