La decisión del régimen Trump sobre el término del Estatus de Protección Temporal (TPS), era previsible.

El Gobierno de Los Estados Unidos había cancelado el programa migratorio para los salvadoreños, los nicaragüenses y los haitianos, tres antecedentes inmediatos que indicaban que los hondureños correrían la misma suerte.

Así ha ocurrido. El TPS no fue renovado para los compatriotas que hasta ahora estuvieron bajo la sombrilla de esa condición migratoria otorgada para quienes llegaron a suelo norteamericano con motivo de la tragedia causada por el Huracán Mitch.

La gestión estadounidense ha determinado conceder un plazo de 18 meses para que los “tepesianos” regresen a territorio o busquen una opción para regular su estatus permanente en Los Estados Unidos.

Un comunicado oficial subraya que los departamentos de Seguridad y de Estado coordinarán con el Gobierno de Honduras un plan de trabajo para facilitar una transición ordenada.

En el transcurso de un año y medio, que es el período por el cual se ha extendido por última vez el TPS, Honduras pondrá en marcha una estrategia dirigida a brindar atención inmediata a los connacionales y a crear condiciones para insertarlos de manera efectiva.

Los expertos en migración se han pronunciado porque el Gobierno de Honduras inicie de inmediato gestiones con representantes y senadores del Congreso estadounidense, con poder de decisión en la asignatura, en busca de una salida menos traumática para los connacionales que serán excluidos de las garantías del TPS.

El 5 de enero de 2020, los compatriotas que están inscritos en el Estatus de Protección Temporal pasarán a una categoría de ilegales y estarán expuestos a una deportación, si no logran normalizar su permanencia.

Honduras no tiene creadas las condiciones para la integración social y económica de los ciudadanos que hace muchos años abandonaron suelo patrio y emprendieron retos en Estados Unidos. Es todo un drama humano.

Pero, igualmente, el pronunciamiento que pone fin al TPS tendrá implicaciones sobre la economía hondureña. Se estima que el país dejará de percibir 300 millones de dólares que son enviados en promedio por los compatriotas designados por ese estatus.

La contribución al sostenimiento de la economía, tanto de los tepesianos como de los emigrantes con un rango ilegal, fue de más de cuatro mil millones de dólares en remesas el año anterior.

 

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