La separación de varios centenares de empleados de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), le costará a la institución una suma significativa.

Si prosperan las demandas interpuestas por los burócratas que fueron suspendidos en 2015, la cartera ministerial tendrá que erogar más de 20 millones de lempiras en concepto de pago de salarios caídos y otros derechos reconocidos por la legislación laboral.

Una circunstancia similar es la que se presenta en la ENEE y en HONDUTEL, donde las demandas de burócratas despedidos llueven y amenazan con hacer tambalear las finanzas de esas empresas de servicio público.

Distintos grupos afirman que la estatal eléctrica enfrenta un alto peligro a raíz de una resolución orientada al reintegro de 400 empleados, cuyo cumplimiento dejaría un insuperable desbalance financiero.

En HONDUTEL, dirigentes sindicales revelaron que la entidad debe hacer efectivo el retorno de 23 empleados y el pago de todos los derechos salariales que este proceso implica.

La institución suma alrededor de 270 demandas laborales. Se estima que el impacto sobre el estado financiero de la Empresa de Telecomunicaciones ronda 300 millones de lempiras.

 

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