El proyecto para la emisión de una tarjeta de identidad ha tomado forma y es promovido con fuerza, lo que apunta a que el mismo será llevado a su efectividad.

El punto crítico del proceso es la transparencia. Se trata de una iniciativa que requiere un financiamiento abultado de entre 800 y 1000 millones de lempiras.

En el Congreso Nacional se da por sentada la construcción de un consenso para darle viento a la elaboración de un nuevo padrón para actualizar la documentación de los ciudadanos hondureños.

La mayoría de los sectores representados en la Cámara Legislativa han calificado el proyecto como una prioridad de país que no está vinculada únicamente con los propósitos electorales, sino con asuntos de seguridad nacional y de derecho ciudadano en su condición de integridad.

El documento que portan los hondureños cumplió su vigencia hace más de diez años y ya no es posible prorrogar su vigencia por más tiempo. De ello hay consciencia.

Los partidos políticos deben tomar una determinación sobre el levantamiento de una nueva base de datos, el cumplimiento del trabajo de emisión y el desarrollo de las jornadas de entrega de la tarjeta a sus titulares.

Por encima de esta serie de interioridades o elementos de carpintería, será primordial vigilar por la transparencia del proyecto, mediante el ejercicio de una estricta vigilancia de la adjudicación y ejecución de la propuesta en todas sus fases.

En este contexto, la sociedad civil enfrentará el desafío de acompañar toda la gestión, administración y ejecución del proyecto en el que también resulta sano que los organismos externos jueguen un papel activo.

El tema de la emisión de una nueva cédula hay que analizarlo con profundidad. En el reciente pasado fueron planteadas diversas iniciativas que, al final, fueron desestimadas porque no logró ser construido un consenso a su alrededor.

Como se sabe, la vigencia del documento de identificación fue prorrogada en 2013, cuando los políticos se comprometieron a retomar el debate del asunto en 2014.

No ocurrió así. La cédula de ciudadanía hondureña fue extendida en su validez, debido a que no fue posible llegar a un acuerdo político ni conciliar voluntades

Hace siete años, específicamente en 2011, fue abortado un ambicioso proyecto para renovar las tarjetas de identidad a un costo entre 700 y 800 millones de lempiras.

En aquel momento, se dijo que este documento estaría dotado de un dispositivo especial o “chip” que contendría el número de identidad del ciudadano, los registros del Seguro Social y de tributación, la licencia de conducir y otros códigos utilizados para diferentes trámites.

La vigencia de las cédulas de identidad ha sido extendida por lo menos en cuatro ocasiones.  Su renovación es un tema escabroso que ha originado intensas discusiones, debido a intereses extraños que han estado de por medio en dicho proyecto y que no se ha logrado llevar a cabo en razón de la nula disponibilidad de recursos para su ejecución.

En esta oportunidad, se da por un hecho que la acreditación de la nacionalidad hondureña para los ciudadanos de este país será un efecto con validez, integridad y seguridad, toda vez que la limpieza del proceso esté garantizada.

 

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