Por nuestra condición de país rezagado, los sectores mayoritarios de la población son los que menos posibilidades tienen de sortear la presión inflacionaria, con todo y sus efectos negativos sobre la economía doméstica.

Siempre han estado engarzados en el círculo de la escalada en el precio de los combustibles, los ascensos y bajas en la canasta básica y el deslizamiento del lempira frente al dólar.

En contrapartida, los salarios no se mueven en correspondencia con las crecientes necesidades, las presiones sociales son mayores y la capacidad adquisitiva de las mayorías de la población se reduce.

Al término de marzo, la inflación interanual alcanzó 4.35 por ciento y la acumulada llegó a 1.29 por ciento. Son cifras que es importante interpretar y trasladarlas a la realidad de los grupos expoliados y sin oportunidad de movilidad social.

La cesta de alimentos ha experimentado alzas sostenidas en el primer trimestre y, en lo que corre de abril, son regulares las bajas reportadas en ciertos bienes. El mercado es inestable y se muestra sometido a los vaivenes caprichosos de la especulación.

Añadimos un elemento: Nuestra moneda ya se ha depreciado en seis centavos este año, aunque los voceros gubernamentales señalan que la tasa cambiaria es un indicador que está bajo control y en línea con las proyecciones.

Sabemos que el deslizamiento del lempira tiene incidencia sobre el costo de vida y sus reacciones en cadena. En razón de ello es que los mismos funcionarios de altas responsabilidades en el Gabinete Económico, han reconocido que la inflación es, justamente, una de las variables que hay que analizar y monitorear con cuidado.

Es lógico que se haga tal emplazamiento, porque la subida en el costo de los alimentos y de los servicios son un castigo directo e implacable contra los segmentos más postergados.

Es marcado el desbalance que existe en nuestro país entre la macroeconomía y la microeconomía, lo cual redunda en un estado de desigualdad social y marginación económica.

Esto es: La estabilidad de las finanzas públicas no se decanta en bienestar generalizado sobre la población. No hemos podido alcanzar paridad entre la disciplina fiscal y la mejoría en las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Estamos bien en la asignatura de la macroeconomía. Gracias a este desempeño, el terreno está allanado para alcanzar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero hay un trecho muy pronunciado entre la disciplina de las finanzas públicas y la adversa realidad social de la población que es imperativo atajar.

El desafío está en pie: Que la robustez o fortaleza de las finanzas también se vea reflejada en más empleo, mayor seguridad, amplia cobertura de los servicios de salud y de educación, más producción, alivio de la pobreza y menor concentración de la riqueza.

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