En una reacción tardía, el Consejo Económico y Social se ha reunido de emergencia para tratar los problemas del Seguro Social; entre ellos, la falta de medicamentos y de equipo médico-quirúrgico.

Los representantes de la iniciativa privada, de las centrales obreras y del Gobierno Central se han reunido, con el fin de conocer los reclamos de los derechohabiente sobre el deficiente servicio que reciben en la institución.

Los miembros de la empresa han demandado una evaluación del estado administrativo, financiero y de operatividad del Seguro Social, así como la calidad del servicio médico que es dispensado a los afiliados directos y sus beneficiarios.

Y es que ha sido la de nunca acabar. Los derechohabientes, particularmente los pacientes diabéticos e hipertensos, se quejan porque no hay medicinas para su tratamiento.

Los enfermos han relatado a través de HRN que se ven obligados a presentarse varios días a la farmacia de la institución, pero los encargados responden que no hay existencia de los medicamentos que necesitan para estabilizar su condición.

El descalabro del Seguro Social, propiciado por la red del ex director, Mario Zelaya, y sus secuaces, pasó balanza en perjuicio de los afiliados, las únicas víctimas de ese vergonzoso y emblemático caso de corrupción.

En dicho convulso momento, cuando empezaron a trascender los detalles de la estafa, los pacientes sufrieron las primeras consecuencias. De un cuadro básico compuesto por más de 70 fármacos, apenas había existencia de una docena de medicamentos.

Las cosas no han cambiado de entonces a la fecha, por más que los miembros de la Comisión Interventora defienden a capa y espada su gestión y afirmen que las cosas han mejorado y que la institución ha salido de su estado de coma.

La realidad es distinta. Los afiliados al Seguro Social están caídos en desgracia: No hay medicinas, los pacientes deben correr con los gastos de exámenes, evaluaciones especiales y, en caso de una intervención quirúrgica, tienen que entregar una serie de insumos que son solicitados para dicha práctica.

El infortunio no termina allí. Están forzados a hacer largas filas para lograr que les programen una cita médica y, en la ventura de obtener un cupo, la misma es vigente para dentro de ocho meses, como plazo mínimo.

Las finanzas del Seguro Social no son tan bonancibles. La institución no termina de recuperarse después del duro golpe propinado por la red de corrupción tejida para su descalabro.

A marzo de este año, el estado financiero señala que las cuentas por pagar ascienden a 7,800 millones de lempiras, el endeudamiento de corto plazo suma nueve millones y medio, mientras que los compromisos que vienen de ejercicios anteriores llegan a 3,300 millones.

Los interventores están emplazados de nuevo. A juicio de los empresarios su gestión ha sido infructuosa, por lo que han demandado su remoción para ser sustituidos por un director y su segundo a bordo, con miras a darle un giro a la prestación de un servicio de calidad a los atormentados pacientes.

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