Crece la sospecha en cuanto a que sectores empecinados en tener con vida la malla de la impunidad, han arreciado sus zancadillas para derribar la batalla contra la corrupción.

Uniendo todas las piezas del ajedrez, lo que se advierte con preocupación es que estos segmentos oscuros han tenido cierto avance en su estratagema.

Han endurecido los ataques, con el fin de que se vengan abajo todas las iniciativas tendientes a desequilibrar los bloques de los inmorales que han robado descaradamente los recursos y bienes que forman parte del patrimonio nuestro. De eso no hay duda.

La resistencia a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), las débiles armas de que fue aprovisionado dicho organismo y las trampas colocadas a sus personeros desde la propia Secretaría General de la OEA, son expresiones de una conjura en menoscabo de la transparencia en nuestro país.

En el Poder Judicial está pendiente de ser analizado y resuelto un recurso interpuesto contra el convenio de constitución de la MACCIH. La expectativa está enfocada en el pronunciamiento que ha de generarse en los próximos días.

Porque se habrá desmoronado todo el empeño de adecentamiento en Honduras si prospera la acción legal promovida para poner en pantano a la MACCIH.

Ya los organismos de la sociedad civil han exhortado a estar en alerta para saber qué ocurre y urgido a formar un frente común que permita detener alos deshonestos que quieren que en Honduras no haya persecución ni castigo para ellos.

Éste no es el único tropiezo maquinado contra la cruzada por la rendición de cuentas que se libra en Honduras. Las enmiendas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, parecen tener una dedicatoria y no precisamente a un escarmiento a los corruptos.

Falta que traigamos a memoria una tentativa más que está subyacente en detrimento del empeño puesto por los sectores mayoritarios que propugnan porque se haga justicia a los saqueadores de toda laya que han sembrado y cosechado podredumbre.

Es justamente el agregado que se incluyó en la Ley del Presupuesto de la República, denunciado por la MACCIH bajo el concepto de un “pacto de impunidad”.

Somos una masa mayoritaria la que pensamos que esos cambios en el esquema de auditoría de recursos públicos es un zarpazo, por más que se han esforzado sus promotores en desmentir que no existe intención alguna de eximir a los corruptos.

A los delincuentes de cuello blanco no se les debe prodigar un trato preferente. Por esta razón es que no se vale que ciertos personajes de influencia política se apresuren a cambiar las leyes cuando su aplicación perjudique a los corruptos.

Los honestos tenemos la obligación de agruparnos y formar filas para evitar que se consumen los golpes a la lucha contra la corrupción enraizada en Honduras.

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