Las reformas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, son observadas como un retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado por diversos sectores.

Funcionarios de alta categoría de la Embajada de Los Estados Unidos, han expresado su preocupación ante los cambios introducidos en las leyes que son aplicadas para contrarrestar los delitos graves.

El mandatario, Juan Orlando Hernández, ha dejado traslucir que el decreto que contiene las enmiendas aprobadas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, sería vetado.

El Consejo Nacional Anticorrupción ha exhortado a los ciudadanos a pronunciarse con fuerza para impedir que rinda sus frutos lo que este organismo considera como una embestida lanzada en perjuicio de la lucha por la transparencia.

Y, en opinión del Comisionado de los Derechos Humanos, “la corrupción y la impunidad son males públicos que afectan la democracia, el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la institucionalidad del país; por tanto, hay que enfrentarlos”.

Otros sectores; entre ellos, algunos profesionales del Derecho, son del criterio que las enmiendas a la legislación sobre extinción de dominio son correctas, porque -así como estaba planteado- este cuerpo normativo era confiscatorio.

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