Estamos enredados en una tupida telaraña. Se ha planteado un proyecto de reformas a la Ley de Privación de Dominio que ojalá no se convierta en una sectaria discusión como parece que es la tónica que se ha tomado en esta materia.

 

Porque, en verdad, es una iniciativa que requiere de un profundo debate y de la contribución de los entendidos llamados a arrojar luces jurídicas en torno a una salomónica y necesaria revisión de la normativa.

 

Los días que han transcurrido desde que fue presentada la propuesta, han estado marcados por la defensa -más bien apasionada- de criterios encontrados de parte de juristas, líderes de instituciones partidistas y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil.

 

En círculos de la oposición política han sido expresados algunos extremos que llevan el propósito ponen en duda la autenticidad de las enmiendas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

 

Se preguntan por qué ahora algunos personajes del juego vernáculo andan a toda prisa para cambiar algunos elementos de la referida ley, en una clara dedicatoria e intención de mantener una aplicación fragmentada de la misma.

 

Y entre algunos perseguidores del delito y operadores de la justicia, priman las dudas respecto a un debilitamiento de sus potestades en la lucha contra los corruptos. Entendemos que estas interpretaciones son más apresuradas que razonadas.

 

En rigurosidad de la verdad, la revisión de la cuestionada ley es ineludible e imperiosa a la luz de los desaguisados que se han derivado de su cumplimiento y de los vacíos de que adolece su contenido.

 

La Ley de Privación de Dominio tiene, en efecto, muchas lagunas que terminan siendo “draconianas”, de inspiración confiscatoria o contrarias al Estado del Derecho, por lo que es necesario corregir estos desatinos en los términos específicos en que está concebida la enmienda en los casos de corrupción y en los expedientes vinculados con el crimen organizado.

 

Lo que debe prevalecer es el respeto a los principios consagrados por la Carta Magna y, en todo momento, los postulados del debido proceso y de la presunción de inocencia.

 

Una lección que tienen que aprender los políticos y de la que debemos tomar nota quienes hemos depositado el poder en los gobernantes, es que los adefesios que carcomen nuestra institucionalidad son el resultado de la visión contaminada de nuestra estructura jurídica, de la defensa de intereses mediatizados y de la falta de un proyecto de país auténtico.

 

La Ley de Privación de Dominio de Bienes de origen Ilícito, debe ser una herramienta valiosa e inexpugnable en la batalla contra las redes de corrupción y los carteles de la criminalidad organizada.

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