No deben tomarse con simpleza las advertencias sobre la colocación del sistema penitenciario a las puertas de una potencial emergencia en materia sanitaria.

 

Ello está circunscrito a la denuncia del Comité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), sobre el manejo de algunos privados de libertad que han sido diagnosticados con tuberculosis.

 

No son minúsculas las reacciones en cadena que ha producido la información revelada por el citado organismo, la cual indica la afectación de la enfermedad infecciosa en una población significativa de reclusos.

 

Los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario han tenido que salir a desvirtuar la versión que crudamente pone de manifiesto una situación preocupante.

 

La respuesta de estos señores ha sido tardía y de pobre fundamento, como siempre ha ocurrido en aquellas circunstancias de apremio que han surgido sistemáticamente en las penitenciarías o centros de reclusión del país.

 

Casi ofuscados, tratando de pronunciar todo un discurso en unos cuantos segundos y con dificultades para articular sus argumentos, los funcionaros que dirigen el sistema de privación de libertad del país, han justificado que si bien hay cuadros de tuberculosis, el número de estos expedientes es reducido y que la situación no es ni por cerca dramáticaentre los inquilinos de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara; Morocelì, El Paraíso; El Porvenir, Francisco Morazán; y Copán.

 

Han manifestado los comisionados penitenciarios que los internos que dieron positivo han sido aislados y son objeto de vigilancia y seguimiento, conforme al protocolo que dicta cada expediente.

 

Sorprendentes son las explicaciones ofrecidas por sus inexactitudes. En principio de cuentas, las autoridades competentes en la asignatura penitenciaria han dado muestra que no tienen conocimiento preciso de lo que sucede en los centros de reclusión.

Según su limitado entendimiento, las cárceles de Honduras albergan a 40 tuberculosos, un dato que ha sido contrastado con el informe de la Secretaría de Salud que alerta acerca de 193 privados que padecen el mal.

 

Un segundo elemento que nos coloca a la expectativa es que no hay certeza que los procesados y condenados que tienen una condición de fragilidad ante el bacilo que provoca la tuberculosis,estén aislados y sometidos a un estricto monitoreo médico como aseguran las fuentes del Instituto Penitenciario Nacional.

 

¿Cuántos son: Cuarenta, 80 ò 193 los presidiarios entre quienes se ha diseminado la infección bacteriana? Lo primordial no está en el cotejo de cifras. Es una condición que hay que abordar con toda transparencia, previendo que se convierta en una crisis manejada con negligencia a la sazón de otras dificultades estructurales de nuestro sistema penitenciario.

 

Porque los burócratas que han sido encomendados para llevar en ruta el plan de reforma y adecentamiento de las cárceles no dejan de dar tumbos como si no tuvieran una concepción exacta de los objetivos específicos, ni de la finalidad general, tampoco del marco contextual de su gestión.

 

Así ha ocurrido cuando desde la cuestionada institución se han hecho esfuerzos por defender lo inadmisible respecto a los problemas de hacinamiento, fallas en los sistemas de seguridad, inadecuado control sobre los privados de libertad, reyertas con saldos trágicos y demás falencias que persisten en el aparato carcelario nacional.

 

Hay que intervenir la potencial epidemia de tuberculosis, pero también los endémicos males que prevalecen en nuestras cárceles y que todavía son abordados con insuficiencia.

 

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