No son buenas nuevas las que se han desprendido de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). Sus burócratas aprobaron un nuevo ajuste de dos centavos de lempira por cada kilovato-hora.

 

Es el segundo movimiento tarifario que se produce desde el último trimestre del año pasado, de tal manera que en un lapso de seis meses se habrá acumulado una subida de cuatro centavos de lempira por cada kilovatio facturado.

 

El trancazo que corre desde este mes fue anunciado sin mayores explicaciones por parte de los señores de la CREE, cuya misión apenas ha consistido en la toma de resoluciones tarifarias.

 

¡Cómo no tildar su papel en la estructura del subsector eléctrico como una mera carga burocrática sin efectividad dentro de los objetivos de conducir una estrategia de desarrollo en materia energética!

 

Muchas dudas son las que nos planteamos a propósito de los “golpes” que nos propina la CREE a los abonados del servicio de energía eléctrica.

 

Porque somos los consumidores los que hemos tenido que pagar la factura del desbalance financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), financiar los negocios gestionados a la sombra de los proyectos de generación de potencia y todos los desaguisados cometidos en el reciente pasado.

 

Lo inverosímil es que por más descargas eléctricas que son aplicadas a los abonados para obtener pírricos recursos adicionales, los balances de la institución no muestran mejores indicadores.

 

La recuperación de pérdidas no ha sido correspondiente con el costo que ha significado a los destinatarios del servicio de energía eléctrica y el déficit operativo de la ENEE más bien pasó de 3,800 a 4,500 millones de lempiras entre 2016 y 2017.

 

 

 

Otro lastre que corre a cuenta de los abonados es la CREE. Y es que en los avisos de pago está incluido el concepto de “regulación”, que es un porcentaje con el que todos contribuimos a sostener la inoperancia de la dependencia creada en 2016.

 

Se estima que los dos ajustes en el servicio de energía eléctrica aprobados por la Comisión Reguladora provocarán un impacto del 15 por ciento en el costo de la vida de la mayoría de la población que todavía no entendemos cómo se nos ha acometido a desembolsar más dinero por un servicio que sufre interrupciones, que presenta problemas de potencia y que no ha podido alcanzar su estado de soberanía energética, entre otras muchas flaquezas.

 

La población en general sigue a la espera que sea reivindicado su derecho al suministro de un servicio de calidad que implica, entre otros factores, el reordenamiento de tarifas justas y equitativas.

 

Lo demás es una “conjura” en menoscabo de los abonados y en perjuicio de los mismos propósitos de desarrollo económico de Honduras.

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