Esta mañana acude a audiencia inicial la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, y su cuñado, Mauricio Mora, acusados por los delitos de malversación de fondos, lavado de activos y asociación ilícita.

 

El juez del Tribunal en Materia de Corrupción dará a conocer los resultados de la evaluación que ha realizado para establecer si decreta auto de formal procesamiento o desvirtúa los cargos.

 

El martes, la esposa del ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, mientras que su pariente fue remitido a la cárcel de Támara, Francisco Morazán.

 

Profesionales de las Ciencias Jurídicas y Sociales entrevistadas por HRN, han analizado que la imputación contra la ex Primera Dama ha sido mal planteada, porque se le debió acusar por enriquecimiento ilícito y no por lavado de activos ni asociación ilícita, lo que podría complicar el caso.

 

Y los abogados que están a cargo de la defensa, han denunciado que en este expediente se han violentado las garantías del debido proceso en cuanto a la reivindicación del derecho de presunción de inocencia.

 

Estos cuestionamientos son aislados. La casi totalidad de los sectores de la sociedad hondureña han aplaudido la acción conjunta de los órganos del Estado que han hecho posible desnudar la red de deshonestidad montada para desviar los fondos que eran destinados a proyectos de corte social, primordialmente para la niñez hondureña.

 

Líderes de la iglesia sostienen que el pueblo hondureño demanda que la corrupción sea cortada de raíz y que se ponga término al escudo de la impunidad que les ha protegido.

 

Los predicadores de la Palabra, tanto católicos como evangélicos, abogan para que la Fiscalía e instituciones que acompañan la batalla contra la inmoralidad pública remuevan los archivos y retomen los casos de corrupción que por muchas décadas fueron engavetados para el olvido.

Miembros de la sociedad civil califican como positivos los golpes que se dan a los corruptos y enfatizan en el anhelo de los hondureños que caigan los “peces gordos” en el castigo ejemplar.

 

Los analistas miran con buenos ojos que se pongan al descubierto los personajes que han dilapidado los fondos públicos y estiman que estas acciones de depuración fortalecen el Estado de Derecho.

 

Hay un hartazgo de la impunidad. Los funcionarios que han ostentado y que detentan el poder deben tomar el mensaje así como es enviado: Nadie está por encima de la ley que ha de caer sin distinción alguna.

 

El Consejo Nacional Anticorrupción se ha pronunciado porque el caso de la ex Primera Dama sea el comienzo de una acción coordinada y sostenida de desarticulación de grupos criminales que se han organizado para sustraer y apropiarse de los fondos públicos en Honduras.

 

Los personeros de la MACCIH, han destacado, de su lado, que este episodio es relevante en tanto ha puesto en marcha el modelo anticorrupción hondureño que expresa una voluntad firme para adecentar la función pública.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here