La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica, el próximo 1 de abril, entran en su mes definitivo. Los comicios se encuentran impregnados por el factor religioso que da como favorito al predicador evangélico Fabricio Alvarado, pero sin soluciones a la vista para la bomba de tiempo que amenaza el modelo de bienestar costarricense: la crecida desenfrenada del déficit fiscal y de la deuda pública, con sus inminentes repercusiones en el encarecimiento del crédito y el peligro para la conocida estabilidad del país centroamericano.

Políticos, técnicos y expertos de todo el espectro ideológico reconocen la gravedad del problema de liquidez del Gobierno central frente a la falta de acuerdos políticos que permitan tapar el hueco fiscal por la vía de recortes sociales o aumento de impuestos. La deuda del Gobierno central se ha duplicado en los últimos 10 años como en ningún otro país latinoamericano y ahora equivale al 50% del PIB. El déficit iguala al de la crisis de principios de los años ochenta y se prevé que al cerrar 2018 alcance alrededor del 7%.

Cuando se acerca la fecha de pago a los burócratas hay tensión sobre disponibilidad de dinero y cada día que pasa es más caro para Hacienda conseguir financiamiento. El deterioro hacendario ocurrido en los últimos tres Gobiernos se suma a la incertidumbre económica generada por la segunda vuelta presidencial.

Se enfrentan el predicador Fabricio Alvarado, tan principiante como su propio partido en el manejo del Gobierno y la economía; y Carlos Alvarado, representante del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC, centroizquierda), quien paga parte de la factura por el agravamiento de las finanzas públicas en este cuatrienio, a pesar de que la economía crece cerca del 4%, a un ritmo mayor que el promedio latinoamericano, y presenta una inflación baja (2,6%).

El 1 de abril se sabrá quién tomará la brasa fiscal sin saber si la Asamblea Legislativa logrará lo que no han conseguido los diputados de las últimas dos décadas: aprobar una reforma por encima de intereses de grupos particulares como empresarios, colegios profesionales o gremios de burócratas.

“Gane uno u otro, estamos al borde de ver explotar el problema fiscal que se ha acumulado en los últimos 20 años o más”, señala el economista Fernando Rodríguez, que hasta diciembre fue viceministro de Hacienda en un Gobierno que debió aplicar recortes sociales que califica de “dolorosos pero necesarios”.

Desde 2008 ha sido imparable el crecimiento del endeudamiento de Gobierno central. Equivalía entonces a 24% del PIB y ahora está en 49%. Si bien es menor que el de Brasil, El Salvador, Uruguay, Argentina y México, en ningún otro país de la región ha sido tan rápido el deterioro. Uno de cada tres colones del presupuesto público se destina a la deuda.

En otros momentos se trabajaba con recursos para dos meses y ahora la caja de Estado va casi al día, señala Rodríguez. Por eso, en diciembre se atrasó durante unas horas el sueldo de 130.000 funcionarios hasta que Hacienda logró colocar bonos en el mercado interno. En otros momentos de 2017 estuvo cerca de pasar lo mismo. La Tesorería Nacional trabaja al filo de la navaja.

El economista Francisco de Paula Gutiérrez, presidente del Banco Central entre 2002 y 2010, cree que es tarde para “una medicina sin dolor”. “El problema es la tendencia de deterioro y ese aceleramiento en los últimos años debido que se aumentó la inversión social sin aumentar los ingresos y a los ajustes desfavorables en la planilla del Estado después de la crisis internacional de 2008. Lo que tenemos ahora son interrogantes porque noto alguna resistencia del candidato oficialista a reducir el gasto y del lado del opositor hay vacíos grandes”, critica Gutiérrez, profesor titular de Política Económica de INCAE Business School, de tendencia liberal.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here