Un promedio de 4,500 armas de fuego son decomisadas anualmente en Honduras, lo que significa que cada dos horas es incautado un artefacto de diverso calibre a nivel nacional.

Los informes oficiales destacan que el tráfico de armas es la tercera fuente de ingresos del crimen organizado, un negocio lucrativo si se toma en consideración que en el país circulan un millón de estos dispositivos de manera clandestina.

El mercado negro de las armas prevalece en mayor o menor grado en el resto de países de Centroamérica, principalmente los que forman parte del Triángulo Norte: Guatemala y El Salvador, países éstos con altos índices de violencia criminal.

Guatemala es literalmente un país armado. Las organizaciones especializadas de aquella nación han documentado el decomiso de 12 armas cada 24 horas.

Las autoridades guatemaltecas tienen registradas 600 mil armas, pero se calcula que al menos un millón más circulan ilegalmente. Esto se explica porque no ha sido posible elaborar un mapa de las rutas por las cuales los traficantes las ingresan en la vecina nación del istmo.

Una situación semejante es la que se describe en El Salvador. En ese territorio, el decomiso de armas se ha incrementado entre 18 y 20 por ciento.

Este resultado se deriva de la intensificación de los operativos de los cuerpos policiales salvadoreños, dirigidos a combatir las acciones de las redes de delincuentes y de las organizaciones criminales.

En el caso de Nicaragua, la posesión y portación irregular de armas es un problema de significación. Los datos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas no han sido actualizados.

Sin embargo, se sabe que hace cinco años, las instituciones de seguridad nicaragüenses incautaban una media de cinco mil armas de fuego cada año, un promedio de 400 mensuales.

Y en Costa Rica, el trabajo realizado por la Fuerza Pública ha permitido decomisar entre cien y 200 armas cada mes, utilizadas primordialmente por los grupos dedicados al narcotráfico, homicidios o delitos contra la propiedad.

En Honduras el Congreso Nacional anunció que, por fin, la ley para el control de la tenencia y portación de armas será debatida y aprobada en el breve plazo.

El tema ha estado en el olvido por intereses extraños, conveniencias oscuras y objetivos condicionados. Se le ha dado vueltas al problema y postergado maliciosamente su abordaje.

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